Tras un largo debate en la sesión plenaria, el Congreso de la República aprobó en primera votación el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria para los senadores y diputados que se elegirán en las elecciones generales de 2026.
La medida fue aprobada con 92 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención. En atención al número de votos alcanzados y en servicio de la potestad que la Constitución Política del Perú reserva al Congreso, el texto de reforma constitucional será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria.
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El proyecto propone modificar el artículo 93 de la Carta Magna para restablecer que los senadores y diputados no pueden ser procesados penalmente ni detenidos sin previa autorización de la cámara respectiva a la que pertenecen o de la Comisión Permanente, la cual debe pronunciarse en un plazo improrrogable de treinta días calendario.
“En caso de delito flagrante, deben ser puestos de inmediato a disposición de su respectiva cámara o de la Comisión Permanente para que, dentro del plazo de las 24 horas, autorice o no la privación de la libertad y el procesamiento”, se lee en el texto sustitutorio.
Añade que, vencidos los plazos señalados en el párrafo anterior, para cada caso sin pronunciamiento, son puestos inmediatamente a disposición de la Corte Suprema de Justicia, la cual debe declarar, mediante resolución firme, si ha lugar o no a la formación de causa, procediendo a su desafuero y poniéndolos a disposición del juez competente.
El debate en el Pleno
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, precisó que la inmunidad no aplicará a delitos cometidos antes de la elección de los legisladores, reforzando así el principio de responsabilidad y evitando “cualquier intento de protección personal”.
En contraste, congresistas como Jaime Quito cuestionaron duramente la reforma. “Una vez más, legislando para intereses propios. La ciudadanía está hoy desprotegida, no por la delincuencia únicamente, sino también por leyes que salen del Congreso. ¿De qué desprotección hablan si ya existe el antejuicio y hasta el Estado te paga abogado?”, afirmó.
Ruth Luque advirtió que el Congreso está devolviéndose “un escudo de impunidad” y consideró que no se trata de un simple ajuste legal.
Sigrid Bazán se sumó a las críticas: “No comprendo cómo seguimos hablando de privilegios. No es que el caso de cualquier congresista vaya a un juzgado regular, esto se procesa en la Corte Suprema. Por qué queremos añadir más privilegios, más beneficios”, sostuvo.
En tanto, Luis Kamiche relató haber sido denunciado sin fundamentos tras presentar un proyecto de ley, y apuntó a la necesidad de que los partidos seleccionen candidatos con solvencia moral. “Si algunos colegas dicen que son del pueblo, que eliminen su seguridad policial”, retó.
Desde una posición favorable, Wilson Soto defendió que “la inmunidad no debe entenderse como impunidad”, y exhortó a que los partidos postulen personas intachables. “Esta iniciativa es muy importante para fortalecer el Parlamento”, remarcó.
Por su parte, Luis Aragón sostuvo que la reforma no busca proteger a los actuales congresistas y que entraría en vigor recién en 2026. “Es un deber moral del Congreso aprobar esta reforma constitucional”, declaró.
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Patricia Juárez lamentó que el debate estuviera marcado por posiciones populistas. “Restablecer la inmunidad no es retroceder, es corregir un error cometido en medio de la presión”, indicó.
Finalmente, Edwin Martínez defendió el retorno del fuero parlamentario como una herramienta esencial para la fiscalización. “Los que no fiscalizan, no la van a necesitar”, dijo, cuestionando también a quienes mantienen seguridad personal mientras critican la medida.