Escribe: Elena Conterno, especialista en políticas públicas
La descentralización no es un fin en sí mismo, sino que debe enmarcarse en el objetivo de procurar mejores servicios para los ciudadanos. El Congreso ha aprobado transferir dos puntos del Impuesto General a las Ventas (IGV) al Impuesto de Promoción Municipal (IPM), de tal manera que esos recursos se distribuyan a las municipalidades.
La transferencia de mayores recursos a las municipalidades, si bien puede aparentar ser una forma de avanzar en la tan anhelada descentralización, preocupa por diferentes motivos.
Primero, por su impacto fiscal: en un contexto de bajo crecimiento y alta rigidez presupuestal, restarle ingresos al Gobierno nacional debilita aún más su capacidad de inversión y prestación de servicios básicos de educación, salud y seguridad. Increíble que el MEF, que debería ser guardián de la estabilidad fiscal, esté pidiendo una modificación a la regla de déficit fiscal y en simultáneo avalando esta transferencia de recursos.
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Sorprende además que siga permitiendo que el Congreso perfore la limitación constitucional a su iniciativa de gasto. La señal que el MEF manda al mercado es que ya no actúa con criterios técnicos, sino políticos, y que la estabilidad fiscal, que por años fue un pilar clave para el crecimiento y el desarrollo del país, está en riesgo.
Segundo, porque no existen condiciones para que esta transferencia se traduzca en mejores servicios para la ciudadanía. La evidencia muestra que las municipalidades tienen un pésimo desempeño en la gestión de proyectos de inversión: cada año dejan de ejecutar aproximadamente S/ 10,000 millones del Foncomun (que es aproximadamente lo que les transferirán como adicional) y descontinúan miles de proyectos (análisis del CPC). Si bien la transferencia de recursos adicionales contempla ciertas exigencias en términos de planes a desarrollar, no trae fortalecimiento de capacidades, ni exigencias de desempeño, ni mecanismos de rendición de cuentas.
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Peor aún, como alertaba hace poco en mi artículo Abuso municipal, muchos municipios, lejos de promover el desarrollo, se han convertido en trabas para la inversión y el emprendimiento. Exigen cobros indebidos, multiplican permisos, inventan requisitos. Así, canalizar más recursos públicos por estas instituciones, sin cambiar antes sus incentivos, no resultará en más o mejores obras de infraestructura y, en cambio, puede resultar perjudicial para el desarrollo y el clima de negocios.
“Es increíble que el MEF, que debería ser guardián de la estabilidad fiscal, esté pidiendo una modificación a la regla de déficit fiscal y en simultáneo avalando la transferencia de recursos”.
Tercero, porque llega justo antes de las elecciones municipales y regionales. Una inyección de recursos en este contexto no solo puede distorsionar la competencia electoral, sino también alimentar prácticas clientelistas: obras improvisadas, gasto ineficiente, y promesas populistas financiadas con recursos públicos.
Frente a este panorama, corresponde repensar la descentralización:
• Hacer que la democracia representativa funcione, con autoridades que actúen en función de los intereses de sus votantes, así como partidos políticos sólidos que exijan cuentas a sus partidarios que asumen cargos de responsabilidad.
• Instituir un servicio civil profesionalizado en todos los niveles, con concursos públicos y evaluaciones de desempeño, así como flexibilidad para la salida de malos funcionarios.
• Fortalecer los incentivos al desempeño, con indicadores claros para que la ciudadanía pueda evaluar la gestión de sus autoridades, y condicionalidades para acceder a recursos fiscales.
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• Evitar mayor atomización, detener la constante creación de nuevos distritos, que implica mayores gastos para soportar el aparato burocrático del Estado en vez de la prestación de servicios.
Lamentablemente, con el Ejecutivo y el Congreso actuales no podemos esperar grandes reformas. Solo podemos aspirar a contener el deterioro. A evitar que retrocedamos más. Y ni eso parece garantizado, con un MEF que habría dejado de ser técnico. Un MEF que, al convalidar la medida discutida, no solo erosiona la sostenibilidad fiscal, sino también la institucionalidad que sostuvo décadas de estabilidad.
Urge un mínimo de sensatez fiscal e institucional. Si no vamos a construir, al menos no avalemos la destrucción.
