El Gobierno de Bolivia analiza invitar a organismos internacionales para que verifiquen y las afectaciones que, según ellos, han dejado en el país las protestas presuntamente promovidas por el expresidente Evo Morales.
El ministro de Justicia, César Siles, indicó que la Cancillería analiza la opción de invitar a los organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que visiten el país. Recordemos que actualmente los seguidores del exmandatario exigen su participación en las próximas elecciones generales.
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“Estamos analizando la posibilidad de pedir incluso la conformación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes, un GIEI, para el tema de los bloqueos (…) que han afectado y están afectando derechos de las personas a la libre locomoción, a la salud, a la educación”, mencionó el funcionario.
Siles confirmó que la investigación por la denuncia presentada contra Evo Morales y otras personas por los presuntos delitos de terrorismo, obstrucción de procesos electorales, entre otros, se encuentran en una etapa preliminar.
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Entre octubre y noviembre de 2024, los seguidores de Evo Morales bloquearon carreteras, especialmente en el centro del país, para evitar su detención dentro de un caso por supuesta trata de personas, en el que se investiga su relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo un hijo cuando era presidente.
Desde entonces, el expresidente permanece en el Trópico de Cochabamba, una de las mayores zonas cocaleras situada en la región central de este departamento, con resguardo de los productores de hoja de coca, que son su principal base sindical y política.
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El Gobierno boliviano denunció que las acciones de los manifestantes en las carreteras han dejado, hasta el momento, más de medio centenar de heridos, entre policías, médicos y civiles. También los acusa de impedir el paso de ambulancias, alimentos y combustible.
Elaborado con información de EFE.
Fotografía de integrantes de la policía durante una jornada de protestas en Cochabamba, el 6 de junio de 2025 (Bolivia). EFE/ Jorge Ábrego
